Se habla de impunidad cuando se producen daños sin consecuencias. Cuando no se exigen responsabilidades a los autores de esos daños. Cuando se niega protección, reconocimiento o reparación a las supervivientes. Cuando las leyes existen sobre el papel pero no funcionan en la práctica, o cuando están sesgadas contra las mujeres y niñas y no ofrecen un acceso real a la justicia.

Ningún país ha logrado la plena igualdad jurídica de las mujeres. En términos sencillos, esto significa que en todos los rincones del mundo las leyes siguen tratando a las mujeres y los hombres de manera diferente. Por ley, las mujeres tienen menos derechos que los hombres. Estas lagunas legales deciden quién goza de protección, a quién se cree, quién puede reclamar sus derechos y a qué versión de los hechos se otorga credibilidad. Así es como se consolida la impunidad: más allá de la ley, mediante relatos que restan importancia a la violencia y la vulneración de los derechos, que dudan de las mujeres y disculpan a quienes causan daño.

Las mujeres y niñas se enfrentan a múltiples obstáculos superpuestos cuando tratan de obtener justicia:

• Miedo: a sufrir represalias, estigma o a que no les crean.
• Silencio: la presión familiar y social, la vergüenza o las amenazas pueden silenciarlas, o pueden toparse con el silencio de la sociedad o las autoridades.
• Costos: honorarios de asesoramiento jurídico, gastos de transporte, pérdida de ingresos y responsabilidades de cuidados que imposibilitan a muchas mujeres la búsqueda de justicia.
• Falta de asistencia y representación jurídicas: en ausencia de un apoyo jurídico accesible, muchas mujeres no pueden comprender sus derechos, desenvolverse en los procedimientos o impugnar las resoluciones judiciales, y se ven obligadas a enfrentarse solas a los sistemas de justicia o a abandonar toda esperanza de obtenerla.
• Complejidad de los sistemas: instituciones fragmentadas, burocracia, retrasos y barreras lingüísticas que agotan a las supervivientes, aumentan la retraumatización y permiten que las causas judiciales se estanquen sin resolverse. Se observa una falta de colaboración entre las distintas instituciones –como la policía, los tribunales, los servicios médicos o la asistencia jurídica– en la impartición de justicia.
• Prejuicios y discriminación: en la policía, los tribunales, las instituciones y los medios de comunicación.
• Oposición y estigma: represalias por denunciar abusos y riesgo de ser culpadas, de no ser creídas o de algo peor. Por ejemplo, muchas mujeres afirman haber sido etiquetadas como “no casaderas” tras sufrir violencia sexual.

Para las mujeres que se enfrentan a formas de discriminación cruzadas –como las mujeres migrantes, de color, con discapacidad, las que viven en la pobreza, presentan una identidad de género u orientación sexual diversa o las afectadas por conflictos–, estos obstáculos se multiplican.

Para las mujeres y niñas, la justicia significa:

• Seguridad: protección frente a nuevos daños.
• Dignidad: ser escuchadas, creídas y respetadas.
• Reparación: acceso a recursos, apoyo y reparaciones.
• Prevención: detener la violencia antes de que vuelva a producirse.

Cuando las mujeres pueden acceder a la justicia, la violencia se detiene y combate antes. Los maltratadores son retenidos y se les exigen responsabilidades por sus actos; los lugares de trabajo se vuelven más seguros y las familias tienen menores probabilidades de quedar atrapadas en ciclos de daño y violencia.
 
Luchar contra la impunidad es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Esta lucha envía un mensaje claro: la violencia y la injusticia no serán toleradas. La rendición de cuentas impide que los abusos se repitan y dificulta que la violencia se justifique o se normalice.

Los sistemas judiciales reflejan a menudo los mismos desequilibrios de poder a los que se enfrentan las mujeres en todas partes.

A la superviviente se le interroga con más detenimiento que al agresor. Es frecuente que las y los jueces examinen el historial o el comportamiento sexual de una mujer en lugar de centrarse en el consentimiento. Por otra parte, cuando el poder de decisión recae mayoritariamente en los hombres, la probabilidad de que las necesidades, los riesgos y las realidades de las mujeres se comprendan plenamente o se reflejen en la forma de impartir justicia es aún menor.

La igualdad de género avanza cuando los sistemas judiciales se diseñan para cumplir a todas las mujeres y niñas. Es decir:

• Leyes que protejan a las supervivientes, no que las castiguen. Leyes que definan claramente el consentimiento sexual, protejan a las supervivientes en lugar de dudar de ellas y eliminen la discriminación. Para ello tienen que diseñarse teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres y con la participación de las organizaciones defensoras de sus derechos.
• Sistemas coordinados. Una mujer no debería tener que contar su historia cinco veces en cinco oficinas distintas. La policía, los tribunales, la asistencia jurídica, los servicios sanitarios y sociales deben trabajar juntos y despejar las vías hacia la justicia, para que el apoyo sea oportuno y eficaz.
• Prevención integrada en la justicia. Las medidas de protección tempranas y los procedimientos eficientes que impiden la intensificación de la violencia dificultan que los agresores sigan delinquiendo. Los sistemas administrativos eficaces protegen el acceso de las mujeres a los ingresos, la vivienda y los servicios, todos ellos fundamentales para su seguridad y autonomía.
• Asistencia jurídica accesible y asequible. Apoyar la asistencia jurídica, incluida la disponibilidad de profesionales de la justicia de base comunitaria, contribuye a la difusión de información jurídica práctica para que las mujeres puedan reclamar pagos, propiedad, custodia, protección y su condición jurídica en la práctica, no solo en teoría.
• Datos y pruebas que expongan lo que se intenta ocultar. Datos desglosados por género en el ámbito de la justicia y la rendición de cuentas para que las lagunas sean visibles, se pueda hacer un seguimiento de los avances y se puedan abordar los retrocesos.
• Financiación sostenida. Los derechos no se hacen valer por sí mismos. Los servicios judiciales necesitan una financiación constante para ser accesibles, seguros y fiables, incluidos los servicios centrados en las supervivientes y la asistencia jurídica.

Los sistemas judiciales evolucionan sin cesar. Se transforman a medida que se cuestiona el poder y cambian las normas, gracias, en gran medida, a mujeres que se organizan, documentan los daños y exigen reformas. Hasta el momento, las organizaciones independientes de defensa de los derechos de las mujeres han sido fundamentales para el progreso, pero ahora muchas de ellas corren el riesgo de desaparecer debido a la falta crónica de financiación y a las reacciones adversas.

Acabar con la impunidad.

Exigir que los agresores rindan cuentas. Siempre.

Escuchar a las supervivientes. Actuar pronto. ¡Hacer cumplir sus derechos!

Construir sistemas de justicia a los que las mujeres puedan acceder, en los que puedan desenvolverse y en los que puedan confiar.

Financiar la asistencia jurídica.

Eliminar las leyes discriminatorias.

Combatir frontalmente los prejuicios en cualquier lugar donde se tomen decisiones.

Invertir en prevención, protección y reparación.

Apoyar a las mujeres y organizaciones que presionan para que los sistemas cambien, porque la justicia solo avanza cuando la sociedad la reclama y una sociedad justa favorece a todas las personas.